El Congreso Nacional se prepara para discutir un tema que siempre genera controversia: las retenciones al agro. La Comisión de Agricultura y Ganadería, presidida por el radical Atilio Benedetti, convocó a una reunión para analizar seis proyectos que buscan reducir o eliminar los derechos de exportación.
Desde El Heraldo de Rosario celebramos que el Congreso se ocupe de este tema, pero no podemos dejar de señalar que la mayoría de estas iniciativas parecen responder a los intereses de los grandes grupos económicos del sector agropecuario, y no a las necesidades de los pequeños productores ni del pueblo argentino.
Es cierto que las retenciones pueden generar cierta resistencia en algunos sectores del campo, pero no podemos olvidar que estos derechos de exportación son una herramienta fundamental para garantizar el equilibrio fiscal, financiar políticas sociales y proteger nuestra soberanía alimentaria.
¿Qué pasaría si eliminamos las retenciones? ¿Acaso los grandes terratenientes van a bajar los precios de los alimentos para que sean más accesibles al pueblo? ¿O se van a quedar con esa diferencia para aumentar sus ganancias, mientras los argentinos seguimos sufriendo la inflación y la falta de acceso a una alimentación saludable?
El proyecto impulsado por el diputado del PRO Luciano Laspina, que propone una baja gradual de las retenciones hasta su eliminación total en siete años, es un claro ejemplo de cómo la derecha política busca beneficiar a los sectores más concentrados de la economía, sin importarles el impacto social de sus medidas.
También nos preocupa el proyecto presentado por Miguel Ángel Pichetto y otros diputados de diferentes bloques, que plantea un “Plan quinquenal de reducción progresiva de los derechos a la exportación agrícola”. ¿Acaso estos diputados no se dan cuenta de que estamos en un contexto de crisis económica y social, donde necesitamos más recursos para proteger a los más vulnerables?
Es fundamental mantener las retenciones al agro, pero también es necesario repensar su distribución y su destino. ¿Por qué no utilizar estos recursos para fortalecer la agricultura familiar, promover la producción de alimentos saludables y accesibles, y apoyar a los pequeños productores que realmente necesitan ayuda?
También es importante recordar que el gobierno de Javier Milei ya implementó una baja temporal de las retenciones a la soja y otros granos, que estará vigente hasta el 30 de junio. Esta medida, que fue celebrada por los grandes empresarios del campo, no ha tenido ningún impacto positivo en los precios de los alimentos ni en la situación de los pequeños productores.
En definitiva, la discusión sobre las retenciones no puede reducirse a una simple cuestión técnica o económica. Se trata de un debate político y social que define el modelo de país que queremos construir: ¿un país para los grandes terratenientes y los especuladores financieros, o un país para el pueblo trabajador y los pequeños productores?
