El relato del “fin de los privilegios” que pregona el gobierno de Javier Milei se desmorona al contrastarlo con la cruda realidad que viven miles de mujeres en la Argentina. La eliminación de programas de asistencia, educación y salud, sumado al aumento desmedido del costo de vida, han profundizado la sobrecarga de tareas de cuidado sobre las mujeres y han agudizado las desigualdades de género.
La historia de Lorena Domínguez, vecina de la Villa 21.24, es un fiel reflejo de esta situación. Con tres trabajos precarios y sin descanso, apenas logra cubrir las necesidades básicas de su hijo. Su relato, cargado de angustia y enojo, es el espejo de lo que viven miles de mujeres en los barrios populares, obligadas a trabajar como “esclavas” para sobrevivir en un contexto de ajuste brutal.
“Lo que hizo Milei es ponernos a trabajar como esclavas”, denuncia Claudia “La Negra” Albornoz, vocera del feminismo villero y referente de La Poderosa. “No están registradas, trabajan mucho, son jefas de hogar, y realmente no les alcanza el día para generar ingresos, para poder llegar a la canasta básica de alimentos”.
Un informe del Centro de Economía Política (CEPA) revela el impacto diferencial de las políticas de Milei en función del género:
La tasa de actividad de las mujeres es 18,4 puntos porcentuales menor a la de los varones.
La brecha de desocupación se profundizó, ubicándose en 1,7 puntos porcentuales.
La brecha en la informalidad laboral se incrementó a 3,7 puntos porcentuales.
Los ingresos de los varones son 27,7% mayores que los ingresos de las mujeres.
Las mujeres destinan 3 horas más por día al trabajo no remunerado que los varones.
La feminización de la pobreza es una realidad innegable. Las mujeres representan el 61,4% de las personas con menores ingresos, mientras que los varones concentran el 65% del sector de mayores ingresos.
El gobierno de Milei no solo niega la existencia de estas brechas, sino que además ha tomado medidas que las profundizan. La prórroga del Presupuesto 2023, la caída del 21% en términos reales de las políticas con perspectiva de género, el desmantelamiento del Programa Registradas y la reducción drástica de los programas de infraestructura de cuidado son solo algunos ejemplos.
La eliminación del FONID, que afectó principalmente a las docentes (77% del personal de nivel inicial, primario y secundario), la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas (cobradas mayormente por mujeres), la quita de la devolución del IVA a jubiladas y pensionadas y el congelamiento del programa Acompañar son golpes directos a la economía de las mujeres más vulnerables.
