La catástrofe que azotó Bahía Blanca no es solo producto de un fenómeno climático extremo, sino también el resultado de años de desinversión y políticas de ajuste que han debilitado la infraestructura y la capacidad de respuesta del Estado. Los más de 400 milímetros de lluvia que cayeron en menos de ocho horas expusieron la fragilidad de una ciudad que, como tantas otras en nuestra provincia y el país, ha sido víctima de la lógica cruel del sálvese quien pueda.
Mientras las imágenes de autos flotando y familias evacuadas nos inundan de dolor, no podemos dejar de señalar la responsabilidad del gobierno de Milei, que después de su desastrosa respuesta inicial ante la emergencia de diciembre pasado, ahora intenta mostrar una coordinación tardía y superficial. ¿Dónde estaban los recursos y la inversión necesarios para prevenir esta tragedia? ¿Dónde está el Estado presente que debe proteger a los ciudadanos ante estos eventos climáticos cada vez más frecuentes e intensos?
La reacción del gobierno provincial, si bien más rápida y comprometida, no puede ser suficiente para paliar los efectos devastadores de esta catástrofe. Es necesario un plan integral de reconstrucción que priorice las necesidades de los más afectados y que ponga en marcha obras de infraestructura postergadas durante décadas.
