La denuncia del diputado Facundo Manes contra el asesor presidencial Santiago Caputo por presuntas “amenazas coactivas” ha escalado a instancias judiciales. El fiscal federal Ramiro González impulsó la apertura de una investigación, solicitando a la jueza María Eugenia Capuchetti que se recabe material audiovisual y se investiguen las circunstancias del incidente ocurrido el 1 de marzo en el Congreso.
Según la denuncia de Manes, el asesor presidencial lo increpó con una actitud “intimidante” y “hostil” a la salida de la Asamblea Legislativa, generando una situación de tensión que el diputado radical consideró amenazante.
Más allá de la veracidad de los hechos denunciados, este incidente plantea interrogantes sobre el clima político que se vive en el Congreso y sobre los métodos que estaría dispuesto a utilizar el gobierno de Javier Milei para imponer su agenda.
¿Es este el “orden” que promete el gobierno nacional? ¿Un orden construido a base de aprietes, amedrentamiento y persecución a quienes piensan diferente? ¿Es esta la “nueva política” que pregona Milei, o simplemente una reedición de viejas prácticas autoritarias?
Resulta paradójico que un gobierno que se dice liberal y que promete defender la libertad de expresión recurra a este tipo de tácticas para silenciar a sus opositores. La denuncia de Manes, más allá de su posible recorrido judicial, expone las contradicciones de un gobierno que parece estar dispuesto a todo con tal de imponer su relato.
