En medio de la incertidumbre por el inicio de clases y la amenaza de un paro docente a nivel nacional, las familias rosarinas reciben un nuevo golpe al bolsillo: el transporte escolar aumenta un 30%. ¿El resultado? Una factura mensual que oscila entre 120.000 y 160.000 pesos, una cifra prohibitiva para muchos trabajadores que ven cómo la educación de sus hijos se convierte en un lujo inalcanzable.
Mientras los gremios docentes anuncian medidas de fuerza ante la falta de respuestas del gobierno nacional, Milei sigue demostrando su desprecio por la educación pública y los derechos laborales. ¿Dónde está la defensa de la “calidad educativa” que tanto pregona? ¿Dónde está el diálogo con los maestros? Parece que el único objetivo del presidente es ajustar y recortar, sin importar las consecuencias para los alumnos y sus familias.
Por su parte, Pullaro se mantiene en silencio y no ofrece soluciones para paliar el impacto de este aumento en el transporte escolar. ¿Acaso el gobernador no se da cuenta de que muchas familias dependen de este servicio para poder llevar a sus hijos a la escuela? ¿O es que prefiere seguir los lineamientos de ajuste de Milei, sin importar el costo social?
El combustible, un enemigo implacable para el bolsillo de los trabajadores
La titular de la Cámara de Transporte Escolar de Rosario no duda en señalar al combustible como el principal responsable del aumento en los costos. ¿Y quién es el responsable de los constantes aumentos en los precios de los combustibles? El gobierno nacional, que liberó el mercado y permitió que las petroleras hagan su agosto a costa del bolsillo de los trabajadores.
Desde El Heraldo de Rosario, denunciamos este modelo económico que castiga a la clase media y trabajadora. No podemos permitir que la educación se convierta en un privilegio para unos pocos. Exigimos al gobierno nacional que convoque a la paritaria docente y que tome medidas para frenar los aumentos en los combustibles. Y le exigimos a Pullaro que se ponga del lado de las familias rosarinas y que implemente políticas para garantizar el acceso al transporte escolar.
