Milei reiteró su propuesta de arancelar las universidades para estudiantes no residentes, una medida que atenta contra el principio de gratuidad y el acceso universal a la educación pública, pilares históricos del sistema educativo argentino. Además, plantea terminar con la atención médica gratuita en hospitales públicos para extranjeros, desconociendo la tradición solidaria del país y generando un potencial problema de salud pública al excluir a una parte de la población.
“Malandras” y “Ocupas”: ¿Estigmatización y Criminalización de la Migración?
Las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, calificando a los inmigrantes como “malandras, ocupas y oportunistas” evidencian una peligrosa estigmatización y criminalización de la migración, alimentando discursos xenófobos y discriminatorios.
El gobierno busca incorporar nuevos delitos como causas para impedir el ingreso de inmigrantes o justificar su expulsión, endureciendo las condiciones de deportación y restringiendo el acceso al país. Esta política migratoria, basada en la desconfianza y la exclusión, ignora las causas profundas de la migración y los derechos fundamentales de las personas.
¿Un Ataque a la Constitución y a los Tratados Internacionales?
Organizaciones de derechos humanos y referentes políticos han expresado su preocupación por la constitucionalidad de estas medidas y su compatibilidad con los tratados internacionales de derechos humanos firmados por Argentina. Se teme que la reforma migratoria de Milei viole principios básicos como el derecho a la igualdad, la no discriminación y el acceso a la salud y la educación.
El Debate en el Congreso: ¿Oportunidad para Frenar el Retroceso?
La reforma migratoria de Milei deberá pasar por el Congreso, donde se espera un intenso debate. Los bloques de la oposición, especialmente el peronismo santafesino, tendrán la oportunidad de defender los derechos de los migrantes y de proponer alternativas que promuevan una política migratoria inclusiva, solidaria y respetuosa de los derechos humanos.
